La propuesta

La última iniciativa para implementar el uso del software libre en las instituciones del Estado peruano ha tenido varios altibajos a partir de la presentación del Proyecto de Ley Nº 2485 en abril del presente año (2002). Actualmente el pre-dictamen del proyecto continúa en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, esperando por su aprobación. Sin embargo, la comisión ha postergado esta decisión y ha solicitado mayor información sobre el tema, antes de proceder con la votación para que esta propuesta sea aprobada o denegada.

Al parecer una gran parte de los miembros de la comisión muestran su rechazo ante el Proyecto de Ley; Carlos Infantas Fernández (FIM) sostuvo que la necesidad de conocer el código de los programas cerrados es una "curiosidad infantil". Por su parte la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) envió un comunicado donde sostiene que el texto sustitutorio carece del análisis costo-beneficio. Asimismo, indica que la obligatoriedad del uso del software libre por parte de las entidades del Estado, podría generar cuestionamientos de índole constitucional para quienes la ley estaría imponiendo un trato desigual en su contra. Finalmente, refiere que debe analizarse en profundidad la posibilidad de que la adopción obligatoria del software libre conlleve el riesgo de un aislamiento tecnológico.

Cabe señalar que según la información consignada en el documento final del proyecto, en el Perú, el software propietario -contraparte del software libre- es utilizado ilegalmente dentro del sector público (90%) y privado (59%); de esta manera el Estado se convierte en el principal infractor de los Derechos de Autor que él mismo defiende y sostiene como obligatorio.

El tema aún no ha sido definido, aunque todo parece indicar que las posiciones en contra son mayoría en la comisión, sobre todo si se tiene en cuenta que en último minuto el congresista Jacques Rodrich Ackerman, coautor del proyecto de Ley, habría cambiado radicalmente su posición respecto al tema, sosteniendo que este proyecto entorpecía el libre acceso al mercado. Esta situación incomodó y tomó por sorpresa a Edgar Villanueva Nuñez, con quien habría presentado la propuesta, y que consideró la declaración de Rodrich Ackerman como poco seria y ética.