Especiales Yachay - ¿Somos libres?

- El Proyecto de Ley Nº 2485 sobre el uso de software libre en la administración pública fue presentado ante la comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso el 8 de abril de 2002, por los congresistas Edgard Villanueva y Jacques Rodrich. En éste se propone la obligatoriedad de uso del software libre en las instituciones del Estado basándose en el libre acceso a la información pública, la perennidad de los datos públicos, y la seguridad del Estado y los ciudadanos.

- El Proyecto de Ley presentado en el mes de abril tuvo una significativa acogida entre la comunidad informática, la cual organizó una serie de charlas y conferencias para la difusión y concientización de la importancia del uso del software libre. En una de las sesiones de Comisión del Congreso de la República participaron Miguel de Icaza, creador del entorno gráfico GNOME, desarrollador del proyecto Mono; miembro del GRULIC de Argentina, y Federico Heinz de la Fundación de Via Libre de Uruguay, con lo cual quedaba demostrado que esta propuesta no es un hecho aislado, sino que también existen iniciativas similares en Latinoamérica y en el mundo entero.

- Cuando esta propuesta empezó a difundirse y comentarse entre los desarrolladores de software libre y propietario surgieron ciertas críticas al planteamiento del proyecto. Sobre todo por el efecto dominó que la aplicación de éste podría significar en grandes corporaciones como Microsoft, quienes se mantenían atentos a lo que sucedía en nuestro país. En una oportunidad el embajador de Estados Unidos en el Perú, John Hamilton, manifestó, al presidente del Congreso Peruano, su rechazo a la propuesta y sostuvo que "es preferible mantener un mercado libre donde la calidad del producto pueda determinar su uso".

- Luego de este incidente, a mediados del mes de julio, el presidente del Perú, Alejandro Toledo, viajó a Seatle para un encuentro con Bill Gates, presidente de la corporación Microsoft, donde firmaron un acuerdo mediante el cual Microsoft realizaría un aporte de dinero y se comprometía a invertir un estimado en 50 millones de dólares. El compromiso consistía en la capacitación a 200 mil estudiantes, 6 mil profesores y a más de 500 centros educativos del proyecto educativo Huascarán.

- Luego de las críticas que surgieron alrededor de la firma de este acuerdo, el ex titular de Educación, Nicolás Lynch, señaló que éste no era excluyente de otros software, como el de Linux, o del contacto con otras corporaciones. Sin embargo, un convenio como éste podrían generar la dependencia tecnológica de países en vías de desarrollo respecto a las grandes corporaciones productoras de software propietario.

- En el mes de agosto de 2002, el diario El Comercio publica una nota titulada: "Punto para el ATPA", donde se menciona que una de las condiciones para que las exportaciones peruanas puedan beneficiarse con este Acuerdo de Preferencias Arancelarias es la no discriminación de empresas extranjeras, especialmente las estadounidenses. Con esto, se daba a entender que el Estado peruano estaría siendo condicionado para no aprobar ninguna norma como la de software libre, debido a que ésta perjudicaría el ingreso de Microsoft (empresa extranjera) al Perú.

- El 26 de noviembre de 2002 el diario Expreso publicó una nota donde indica que en medio de una accidentada sesión, la comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso acordó postergar la aprobación de la polémica Ley de Software Libre en el Estado, a fin de recopilar mayor información sobre el tema. Sin embargo, la realidad es que esta decisión sólo agudiza la agonía de esta iniciativa legal, en la medida en que, todo parece indicar que la mayoría de los integrantes de la comisión está en desacuerdo con su contenido.