Fuente: Diario Expreso
Fecha: 26-11-2002

Congresistas alargan agonía de este proyecto de ley
Comisión de Defensa del Consumidor posterga aprobación del software libre
En medio de una accidentada sesión, la comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso, que preside Yonhy Lescano Ancieta (UPD), acordó ayer postergar la aprobación de la polémica Ley de Software Libre en el Estado, a fin de recopilar mayor información sobre el tema.
Sin embargo, la realidad es que esta decisión sólo agudiza la agonía de esta iniciativa legal, en la medida en que, todo parece indicar que la mayoría de los integrantes de la comisión está en desacuerdo con su contenido.
En el transcurso del debate del citado texto sustitutorio, se produjo algunos altercados entre los parlamentarios. El primero de ellos aconteció cuando Jacques Rodrich Ackerman (PP), coautor de unos de los proyectos de ley, junto con Edgar Villanueva Núñez (PP), expresó su desacuerdo con la vigencia de una norma de esta naturaleza, aduciendo que entorpecería el libre acceso al mercado.
Su actitud al parecer tomó por sorpresa a Villanueva Núñez, quien la calificó de "poco seria" y de "poco ética", teniendo en cuenta que, afirmó, lo que antes le parecía bien ahora le parece mal. Rodrich Ackerman reaccionó pidiéndole el retiro de la frase relativa a su ética, por considerarla ofensiva, a lo que aquél accedió, no sin antes comentar que lo mejor hubiese sido que, antes de la sesión, le hubiera comunicado su cambio de opinión sobre el tema.
Rodrich Ackerman justificó su proceder argumentando que se había dado cuenta de los perjuicios que traería la vigencia de una norma de esta naturaleza. "Sólo Dios y los idiotas no cambian, y yo no soy ni Dios ni idiota", espetó.
La otra discusión corrió por cuenta de Maruja Alfaro Huerta (PP) y de Carlos Infantas Fernández (FIM). Mientras Alfaro Huerta defendía la importancia de contar con una ley de esta naturaleza, debido a la necesidad de conocer el lenguaje de los programas cerrados, en este caso del software propietario, Infantas Fernández consideró como una "curiosidad infantil" esa necesidad.

Opinión de la PCM
Por lo demás, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha remitido a la comisión su opinión sobre este proyecto de ley, la cual es contraria a su vigencia.
Entre otras cosas, sostiene que el texto sustitutorio no cuenta con el respectivo análisis costo-beneficio del proyecto de ley, el que, necesariamente, debería considerar los costos de migración al sistema de software libre, de adaptación al sistema y de capacitación al personal del Estado.
Asimismo, que la obligatoriedad del software libre, por parte de las entidades públicas, podría generar cuestionamientos de índole constitucional de parte de determinados agentes económicos, para quienes la ley estaría imponiendo un trato desigual en su contra.
Finalmente, refiere que debe analizarse en profundidad la posibilidad de que la adopción obligatoria del software libre conlleve el riesgo de un aislamiento tecnológico.
En ese sentido, precisa que el objetivo de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico -que actualmente elabora la Secretaría de Gestión Pública- está centrado en la Modernización de la Gestión del Estado, con la imposición de un Gobierno Electrónico que garantice el acceso a la información, la participación del ciudadano y la transparencia en los procesos de la administración pública; todo lo cual, asegura, se podría ver seriamente limitado si se basa en una tecnología que no se desarrolle y evolucione al ritmo que impone el entorno.